En el presente artículo se analiza el tema de los derechos intelectuales de los pueblos indígenas sobre el uso de sus conocimientos tradicionales por parte de universidades, centros de investigación y empresas, con fines de investigación, bioprospección o comercialización, así como el tema de la repartición de beneficios derivados del uso de estos conocimientos tradicionales, tal y como lo plantea el Protocolo de Nagoya, que entró en vigencia en el año 2014. Se presenta un análisis de experiencias sobre la repartición de beneficios monetarios y no monetarios en América Latina entre empresas y comunidades locales involucradas. Las conclusiones del estudio señalan que debido a la complejidad de estos procesos es necesario el diseño de mecanismos claros que garanticen de manera eficiente la repartición de beneficios, así como el desarrollo de políticas públicas del Estado dirigidas a fortalecer las capacidades de negociación de las comunidades, las empresas y el mismo Estado, para el buen aprovechamiento de los beneficios, de manera que pueda lograrse el objetivo principal del Protocolo de Nagoya.
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